El sistema de transporte público automotor en el interior de la Argentina enfrenta una crisis de proporciones inéditas que amenaza con paralizar la movilidad de millones de ciudadanos. Las empresas prestadoras de servicios urbanos y suburbanos han manifestado su extrema preocupación ante una situación financiera que describen como límite. Esta coyuntura no solo afecta la calidad de los trayectos diarios, sino que ha comenzado a desmoronar la estructura laboral del sector, con una pérdida estimada de entre 9.000 y 11.000 empleos en lo que va del año 2024.

Desafíos financieros y la quita de subsidios nacionales

La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) emitió una advertencia contundente respecto a los próximos días, señalando que la falta de liquidez podría derivar en recortes de frecuencias y suspensiones totales de servicios. El conflicto se agrava por el calendario administrativo: las compañías deben afrontar este lunes el pago de adelantos salariales y, hacia el final del mes, el cumplimiento del medio aguinaldo. Sin el flujo de fondos necesarios, muchas empresas se declaran en incapacidad técnica de cumplir con estas obligaciones básicas, lo que podría derivar en medidas de fuerza gremiales.

Los empresarios han señalado una serie de factores que han llevado al sistema al borde del colapso:

• El incremento exponencial de los costos operativos, liderado por los combustibles y los acuerdos salariales.
• Un desfasaje profundo entre los costos de operación y las tarifas pagadas por los usuarios, las cuales siguen desactualizadas en comparación con la inflación.
• La eliminación del Fondo Compensador del Transporte por parte de la administración nacional a principios de año.
• La demora persistente en la transferencia de subsidios por parte de diversas jurisdicciones provinciales y municipales.

Históricamente, el sistema se sostuvo con un esquema de subsidios nacionales que fue desmantelado en febrero de 2024 tras 18 años de vigencia. Desde entonces, las provincias debieron asumir la asistencia financiera, resultando en una distribución desigual de los recursos. Mientras que en el Área Metropolitana de Buenos Aires persiste una intervención estatal más directa, el resto del país sufre las consecuencias de una transición abrupta hacia un modelo de mercado. Aunque el gobierno mantiene la tarifa social a través de la tarjeta SUBE para usuarios vulnerables, esto no cubre los costos de mantenimiento de las unidades ni la renovación de la flota. Los empresarios exigen una reforma integral del sistema que garantice la sostenibilidad del servicio público esencial en todas las provincias argentinas.