La Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA) ha emitido un comunicado oficial en el que expresa su firme respaldo a una agenda de modernización integral para el transporte marítimo y fluvial del país. No obstante, la entidad ha sido categórica al advertir que cualquier proceso de reforma estructural en el sector debe garantizar estrictamente la aplicación de reglas razonables, previsibles y, sobre todo, equivalentes para todos los actores que operan en las aguas de jurisdicción nacional. La preocupación central radica en mantener la competitividad de la flota local frente a posibles asimetrías regulatorias que puedan surgir de nuevas políticas gubernamentales.

El desafío de la competencia extranjera en el cabotaje

Desde FENA remarcan que la legislación argentina actual tiene como objetivo primordial fomentar el desarrollo de una marina mercante nacional fuerte. Esta flota no solo es esencial para asegurar un abastecimiento interno estable, sino que también funciona como un activo estratégico fundamental ante crisis internacionales que puedan afectar las cadenas de suministro globales. El principal temor expresado por los armadores locales es la posible modificación de la normativa vigente para permitir que empresas extranjeras realicen actividades de transporte de cabotaje nacional, es decir, que operen entre puertos argentinos.

Según los representantes del sector, permitir la entrada de buques extranjeros sin condiciones de igualdad representaría una amenaza directa para la supervivencia de las empresas locales. Estas compañías foráneas suelen operar bajo jurisdicciones conocidas como banderas de conveniencia, con cargas impositivas significativamente menores y normativas laborales y previsionales mucho más flexibles. En este sentido, la industria nacional advierte que:

• Las empresas argentinas cumplen con una normativa local de alta exigencia competitiva y fiscal.
• Existe una disparidad insalvable en las obligaciones tributarias frente a banderas de otros países.
• La seguridad social y los estándares de seguridad nacionales elevan legítimamente los costos operativos locales.
• La soberanía logística del país depende de la sostenibilidad de sus propios operadores y tripulaciones.

Antecedentes legislativos y el plan de desregulación

La tensión entre el sector naviero y las propuestas gubernamentales de apertura no es un fenómeno nuevo. Durante el año pasado, el Congreso de la Nación rechazó el DNU 340/2025 emitido por el Poder Ejecutivo. Dicho decreto buscaba facilitar que embarcaciones de bandera extranjera obtuvieran un tratamiento similar a la bandera argentina para prestar servicios de cabotaje, eliminando barreras de entrada que históricamente han protegido la inversión local. Aquel rechazo parlamentario fue visto como un triunfo por los sindicatos y las cámaras empresariales del sector naviero.

En la actualidad, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, se encuentra elaborando una nueva iniciativa legal para desregular profundamente la actividad. Ante este panorama, los armadores nucleados en FENA insisten en que la modernización es necesaria y bienvenida, pero que debe venir acompañada de un alivio en la presión fiscal interna y de una simplificación burocrática. Solo así se permitirá a los barcos de bandera argentina competir en igualdad de condiciones de costos, evitando una extranjerización forzada del comercio fluvial y marítimo que pondría en riesgo miles de puestos de trabajo calificados.