El partido de San Antonio de Areco ha decidido tomar medidas drásticas frente a una problemática que afecta desde hace años a la comunidad rural bonaerense. Ante la recurrente invasión de campos privados por parte de cazadores con perros galgos, el municipio ha iniciado una política de tolerancia cero que ya incluye el secuestro de los animales utilizados para estas actividades. Esta iniciativa, pionera en la región, busca responder a una demanda histórica de los productores agropecuarios que ven vulnerada su propiedad privada y la seguridad de sus establecimientos cada fin de semana. La medida no solo se enfoca en la infracción territorial, sino también en el bienestar animal y la optimización de los recursos de seguridad locales.

Hacia una nueva ordenanza de control rural

La implementación de estos controles más estrictos es el resultado directo de una serie de mesas de trabajo integradas por representantes de la Asociación Regional de Productores Agropecuarios (ARPA), autoridades municipales y la Patrulla Rural. Estanislao Ramos, presidente de ARPA, manifestó que la situación se había vuelto insostenible, ya que la presencia de galgueros en campos privados generaba conflictos constantes. Según los registros, la mayor actividad de estos grupos se concentra durante los días sábados y domingos, obligando a un despliegue permanente de la Patrulla Rural para desalojar a los intrusos. Entre los puntos principales que motivan esta nueva regulación se encuentran:

• La violación sistemática de la propiedad privada en zonas de producción.
• El riesgo sanitario y de seguridad para el ganado vacuno y ovino.
• El maltrato animal asociado a las prácticas de caza furtiva con galgos.
• La necesidad de liberar recursos policiales para la prevención de delitos mayores.

El municipio de San Antonio de Areco está trabajando actualmente en la redacción de una ordenanza definitiva que brinde un marco legal sólido para el secuestro definitivo de los animales y la aplicación de multas ejemplificadoras. El objetivo principal es desalentar la actividad de raíz, enviando un mensaje claro sobre el respeto a la propiedad privada y la legalidad vigente. Los productores locales han expresado su apoyo a esta gestión, destacando que es fundamental proteger el entorno rural para garantizar la tranquilidad de quienes viven y trabajan en el campo. Se espera que, con la formalización de la norma, otros municipios de la provincia de Buenos Aires adopten medidas similares para combatir esta práctica ilegal de manera coordinada.