En un sombrío contexto global dominado por la erosión que proyectan los avances iliberales sobre la democracia, el Estado de derecho y los derechos fundamentales, es necesario recordar la existencia de mecanismos de garantía que actúan como efectivos baluartes de defensa institucional. Un destacado protagonismo asume en el desempeño de esta compleja tarea la decisiva contribución de los tribunales supranacionales que operan en distintos ámbitos geográficos, asegurando que los compromisos internacionales no se conviertan en papel mojado frente a las ambiciones autocráticas de ciertos líderes políticos. Sin dejar de señalar la valiosa labor que la Corte Interamericana de Derechos Humanos está desarrollando en circunstancias políticas cada vez más adversas en su región, es fundamental centrarse específicamente en la aportación que, en la Unión Europea, realiza su Tribunal de Justicia (TJUE) como guardián último de los tratados compartidos por los Estados miembros.

La defensa del Estado de derecho frente al iliberalismo

La importancia del TJUE se desprende claramente de las sucesivas resoluciones en las que ha declarado que las distintas leyes en materia jurisdiccional aprobadas en Polonia, especialmente durante la etapa en el Gobierno del partido Libertad y Justicia, son contrarias al Derecho de la Unión. La vulneración del principio de independencia judicial, que es consustancial al Estado de derecho y representa uno de los valores fundamentales de la Unión, así como la del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, han servido de base para estas sentencias históricas. El tribunal ha recordado de forma constante que:

• La independencia de los jueces es un requisito esencial para el funcionamiento de la cooperación judicial.
• Los ciudadanos europeos tienen derecho a un tribunal imparcial establecido previamente por la ley.
• Cualquier reforma nacional que debilite el control judicial sobre el ejecutivo atenta contra los pilares de la democracia.
• El TJUE tiene la autoridad última para interpretar la validez de las normas nacionales frente al marco europeo.

La reciente sentencia en el caso de la Comisión contra Hungría aporta una nueva y contundente prueba del compromiso inquebrantable del TJUE con los valores y derechos fundamentales de la Unión. En esta ocasión, el fallo se ha centrado en la prohibición de discriminación por razón de orientación sexual, subrayando que la dignidad humana y la igualdad no son negociables bajo ninguna circunstancia política. Estos pronunciamientos judiciales no solo protegen a las minorías, sino que refuerzan la estructura legal que permite la convivencia en un continente diverso. En conclusión, el poder de la prioridad europea reside en la capacidad de sus instituciones para elevarse por encima de los intereses partidistas y asegurar que la justicia siga siendo un derecho accesible para todos, independientemente de las derivas ideológicas de los gobiernos de turno.