La **Sociedad Rural de 9 de Julio** ha manifestado una profunda preocupación ante una nueva normativa municipal que está generando serios inconvenientes en la logística del sector agropecuario bonaerense. Según denunció formalmente la entidad, los productores del distrito están sufriendo el bloqueo sistemático para obtener las **guías ganaderas**, un documento administrativo indispensable para el traslado de hacienda, debido a una disposición que exige estar al día con el pago de todas las tasas y derechos comunales. Esta situación ha puesto en alerta a los productores, quienes ven limitada su capacidad de comercialización y movimiento de animales por cuestiones ajenas a la sanidad animal.

El impacto de la Ordenanza Fiscal 2026 en el campo

La medida, que ya afecta a una cantidad considerable de establecimientos agropecuarios, se fundamenta en la **Ordenanza Fiscal e Impositiva 2026** del municipio. Específicamente, el artículo 40 de dicha normativa establece que es condición necesaria no registrar deudas con la municipalidad para acceder a diversos servicios y trámites administrativos. Desde el sector ruralista, sostienen que esta exigencia tiene un fin meramente recaudatorio y vulnera derechos constitucionales fundamentales al impedir el ejercicio de la actividad económica lícita. La entidad considera que la municipalidad está utilizando su poder administrativo como un mecanismo de presión para el cobro de deudas que, en muchos casos, están en discusión.

El presidente de la Sociedad Rural local, Hugo Enríquez, señaló que la restricción es especialmente gravosa porque alcanza incluso a deudas que no guardan relación directa con la actividad ganadera, como pueden ser tasas urbanas o de servicios generales. Esto significa que un productor agropecuario podría verse impedido de mover sus animales hacia un remate o un establecimiento de engorde por tener pendiente el pago de una tasa ajena a su explotación rural, lo que genera una traba logística y financiera de difícil resolución inmediata en el mercado.

• Los productores denuncian la inconstitucionalidad de la medida por condicionar un trámite de circulación esencial al pago de impuestos municipales previos.
• El gobierno municipal de 9 de Julio argumenta que la norma rige para todos los contribuyentes por igual, buscando reducir la morosidad general del distrito.
• La imposibilidad de emitir guías frena el comercio de ganado, afecta los contratos de flete y altera el abastecimiento de la cadena cárnica en la región.
• Se teme que otros municipios bonaerenses imiten esta práctica para incrementar sus arcas públicas ante la quita de fondos nacionales.

Por su parte, fuentes oficiales de la municipalidad de 9 de Julio aclararon que esta disposición no es exclusiva para el sector del campo, sino que forma parte de una política de transparencia y cumplimiento tributario que alcanza a todos los habitantes. Sin embargo, la tensión escala debido a que el sector ganadero se encuentra en un proceso de ajuste tras las recientes decisiones del Gobierno nacional sobre la reducción gradual de retenciones. Los asesores legales de la Sociedad Rural evalúan presentar medidas cautelares para frenar lo que consideran un abuso de poder que atenta contra la libre circulación de bienes y el normal desarrollo de la cadena productiva en el interior de la provincia de Buenos Aires.