La regresión de los derechos fundamentales en Afganistán ha alcanzado un nuevo y escalofriante nivel tras la reciente actividad legislativa del régimen talibán. Desde el pasado 14 de mayo, lo que en el resto del mundo se considera un crimen atroz, en suelo afgano ha pasado a formar parte de la legalidad vigente: la violación de niñas por parte de hombres adultos. La promulgación del Decreto número 18, también denominado Código de separación judicial de los cónyuges, ha formalizado la desprotección total de las menores, permitiendo uniones matrimoniales que desafían cualquier estándar ético internacional.

La institucionalización del matrimonio infantil por decreto

Este nuevo marco normativo elimina la necesidad de un consentimiento explícito por parte de la menor. Según denuncian organizaciones de derechos humanos, basta con el silencio de la niña para que la unión se considere válida ante la ley. El decreto permite que niñas de apenas seis o siete años sean entregadas en matrimonio bajo el pretexto de una supuesta protección legal futura. La activista afgana Zubaida Akbar señala que la norma incluye una cláusula cínica que permite a la menor solicitar el divorcio al cumplir los nueve años, pero bajo condiciones imposibles de cumplir en la práctica, como el mantenimiento de la virginidad y el enfrentamiento directo contra un sistema judicial dominado por hombres.

• Privación total del acceso a la educación secundaria y superior para mujeres.
• Obligatoriedad de la tutela masculina para cualquier trámite legal o desplazamiento.
• Sanción del silencio como forma válida de consentimiento matrimonial.
• Reducción de la pubertad femenina a los nueve años según la interpretación radical.

La base jurídica de estas medidas se asienta en una interpretación extremista de la jurisprudencia islámica hanafí, la cual es aplicada de forma arbitraria por los jueces talibanes. Al situar la pubertad femenina a los nueve años, el Estado anula la infancia de miles de niñas, convirtiéndolas en objetos de intercambio social y económico. Esta situación se suma a la prohibición ya existente de estudiar, trabajar en organismos internacionales o incluso visitar parques públicos, configurando lo que muchos expertos denominan un apartheid de género en su expresión más violenta.

La comunidad internacional observa con impotencia cómo las promesas de moderación hechas por los talibanes al recuperar el poder en 2021 se han disuelto por completo. La resistencia interna, liderada por mujeres valientes que continúan protestando a pesar del riesgo de tortura o ejecución, solicita una intervención más contundente de las Naciones Unidas. Mientras tanto, el Decreto número 18 sigue vigente, convirtiendo la vida cotidiana de las afganas en una lucha constante por la supervivencia frente a un sistema que ha legalizado su opresión más absoluta.