La Cámara Federal de Casación Penal ha ratificado la condena contra el exjefe de la Policía Federal de Mendoza, Dino Enzo Rossignoli, en un caso que ha sacudido las estructuras de seguridad de la provincia. La sentencia original de seis años de prisión por los delitos de cohecho y protección de actividades ilícitas ha sido confirmada, reafirmando que el alto funcionario utilizaba su posición de poder para favorecer a una red de cuevas financieras que operaban en el microcentro mendocino, realizando cambios ilegales de divisas y maniobras de contrabando de electrónica.

La red de corrupción en el microcentro de Mendoza

La investigación permitió desmantelar una organización dedicada al lavado de dinero y la evasión fiscal, donde Rossignoli cumplía un rol fundamental al garantizar que los operativos policiales no interfirieran con el negocio de los implicados. A cambio de estas "zonas liberadas", el excomisario recibía importantes sumas de dinero en efectivo de forma mensual. Además de la ratificación de su condena, el tribunal superior decidió revocar la absolución parcial de una contadora vinculada a la causa, ordenando que se revise su participación activa en la estructura de lavado de activos, lo que complica aún más el panorama judicial para todos los procesados en esta megacausa de corrupción.

El fallo de Casación subraya la gravedad de que un funcionario encargado de velar por la seguridad pública sea quien lidere o proteja actividades delictivas. Según las pruebas presentadas durante el debate, la organización no solo se dedicaba al cambio de dólares paralelos, sino que también facilitaba el ingreso de mercancía de contrabando desde Chile, utilizando locales comerciales de galerías céntricas como fachada para el movimiento de grandes volúmenes de capital sin declarar. Las escuchas telefónicas y el seguimiento de los movimientos financieros fueron determinantes para vincular directamente a Rossignoli con los cabecillas de la banda, quienes también enfrentan penas severas por asociación ilícita y otros delitos financieros.

Este caso marca un precedente importante en la lucha contra la corrupción institucional en la región de Cuyo. La comunidad jurídica y la sociedad civil han seguido de cerca el proceso, esperando que la confirmación de la pena sirva como un mensaje claro contra la impunidad dentro de las fuerzas de seguridad nacionales. El tribunal enfatizó que la conducta del exjefe policial constituye una violación flagrante a los deberes éticos de un funcionario público. Los abogados defensores habían intentado apelar basándose en supuestas irregularidades en la cadena de custodia de las pruebas, pero los jueces de Casación desestimaron estos argumentos, considerando que la investigación liderada por la justicia federal fue sólida y respetó todas las garantías constitucionales. En los próximos días se definirá si el excomisario continuará su detención en un penal federal o si se solicitarán beneficios procesales.

• Rossignoli cobraba coimas mensuales para no allanar locales ilegales.
• Se investigaron más de diez locales comerciales en el microcentro de Ciudad.
• La causa involucra a empresarios locales, contadores y personal civil.