Con el objetivo de frenar la ola de ataques contra la propiedad privada en el sector agropecuario, el diputado nacional Martín Ardohain, del bloque Pro, presentó un proyecto de ley para reformar el Código Penal. La propuesta legislativa busca establecer el imperio de la ley en las zonas rurales del país, donde se han multiplicado los casos de rotura de silobolsas, intrusiones ilegales y daños a la infraestructura productiva. El texto cuenta con el respaldo de destacados legisladores como Cristian Ritondo y Alejandro Finocchiaro, reflejando una preocupación creciente por la seguridad en el interior productivo.

Detalles de las sanciones y cambios en el Código Penal

El proyecto establece penas severas que podrían alcanzar los ocho años de cárcel para quienes cometan actos de vandalismo contra cultivos, maquinaria o tecnología aplicada al campo. Uno de los puntos más innovadores es la incorporación del artículo 150 bis, el cual penaliza el ingreso a establecimientos rurales sin autorización previa del propietario o responsable. Según el texto, se considerará que existe una voluntad expresa de exclusión por la simple presencia de cercos, muros, alambrados o carteles indicativos, facilitando así la labor judicial ante casos de usurpación o vandalismo oportunista que suelen quedar impunes.

Además del daño físico a la propiedad, la iniciativa aborda la problemática de la instigación pública. Se propone agravar las sanciones para aquellos que utilicen redes sociales o plataformas digitales para convocar a la comisión de delitos en ámbitos rurales. Esta medida responde a una tendencia observada en los últimos años, donde ataques coordinados contra la producción han sido organizados a través de medios virtuales. Los puntos principales de la reforma incluyen:

• Penas de hasta ocho años por daños a infraestructura y tecnología agropecuaria.
• Sanciones agravadas para instigadores de delitos rurales en redes sociales.
• Presunción de prohibición de ingreso por la sola existencia de cerramientos físicos.
• Protección especial para las reservas de granos almacenadas en silobolsas.

El sector agropecuario ha recibido con interés esta propuesta, tras años de reclamar una mayor protección legal frente a delitos que no solo afectan al productor individual, sino que impactan negativamente en la economía nacional y la recaudación fiscal. Mientras cooperativas y asociaciones rurales evalúan inversiones millonarias para potenciar el sector, la seguridad jurídica y física surge como una condición indispensable para el desarrollo de la actividad. El debate en la Cámara de Diputados será clave para determinar si estas reformas logran el consenso necesario para brindar tranquilidad a los productores de todo el territorio argentino.