La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha puesto un punto final definitivo a una de las causas judiciales más complejas y debatidas de los últimos años en Argentina, vinculada a la intersección entre la salud mental y la responsabilidad profesional. Mediante un fallo unánime, el máximo tribunal del país ratificó la absolución de Jorge Monforte, el psiquiatra que brindaba tratamiento a Rodrigo Roza, el hombre que el 28 de septiembre de 2020 protagonizó un trágico suceso frente al museo MALBA. En aquel mediodía en el barrio de Palermo, Roza asesinó de una puñalada al inspector de la Policía Federal Juan Pablo Roldán, antes de morir él también producto de los disparos defensivos.

El camino judicial y la ratificación de la inocencia del médico

La decisión firmada por los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti desestimó los recursos presentados por la querella, que representaba a la familia del policía asesinado. La acusación sostenía que el doctor Monforte había incurrido en una conducta negligente al no ordenar una internación de urgencia para su paciente, a pesar de las señales de descompensación que presentaba días previos al crimen. Sin embargo, la justicia determinó que no se pudo probar un nexo de causalidad directa entre la atención médica recibida y el accionar violento del paciente.

A lo largo del proceso, se analizaron diversos factores que influyeron en la decisión final:

• Evaluación clínica: Los peritos determinaron que Monforte actuó bajo los parámetros de la Ley de Salud Mental vigente, priorizando el tratamiento ambulatorio mientras no hubiera un riesgo inminente comprobado.
• Falta de previsibilidad: El tribunal consideró que el brote psicótico que derivó en el ataque fue un evento súbito que no podía ser anticipado con certeza científica absoluta.
• Historial del paciente: Aunque Roza tenía antecedentes, no se registraron episodios de violencia letal similares en su historial reciente antes del encuentro con Roldán.

Este fallo no solo cierra la persecución penal contra el psiquiatra, sino que también sienta un precedente fundamental para la medicina en Argentina. La comunidad psiquiátrica había seguido el caso con extrema preocupación, advirtiendo que una condena a Monforte criminalizaría la práctica médica ante cualquier acto impredecible de un paciente bajo tratamiento. Con la firma de la Corte, se ratifica que los profesionales de la salud mental no pueden ser garantes universales de las conductas de terceros, marcando una distinción clara entre la mala praxis y la evolución incierta de patologías severas. La resolución otorga un respiro institucional al gremio médico, mientras que para la familia de Roldán, representa el fin de una búsqueda de justicia que intentó escalar hasta las máximas instancias del sistema jurídico nacional.