Campo
07/05/2026 14:22
Un informe de la consultora RIA revela una fuerte disminución en el peso fiscal de los derechos de exportación tras las rebajas oficiales
Un reciente informe elaborado por la consultora RIA, bajo la dirección del analista Javier Preciado Patiño, ha revelado una tendencia preocupante para los ingresos del Estado nacional: la recaudación por Derechos de Exportación (DEX) ha experimentado una caída del 37% durante el primer cuatrimestre de 2026. Este fenómeno ha reactivado el debate sobre la sostenibilidad de la presión fiscal aplicada al sector agropecuario y la eficacia de las recientes rebajas de alícuotas implementadas por el Gobierno. Entre enero y abril del presente año, el total recaudado por este concepto sumó apenas US$1380 millones, una cifra significativamente menor en comparación con el mismo periodo del año anterior.
El estudio detalla que la relevancia de las retenciones dentro de la masa fiscal total se está diluyendo de manera acelerada. Según los datos analizados, se observan los siguientes puntos clave en la evolución de los ingresos:
Esta reducción drástica se atribuye principalmente a las políticas oficiales que buscaron aliviar la carga tributaria en diversos productos agroindustriales de manera temporal o permanente. Sin embargo, la contracción en la recaudación pone en una situación compleja al Ministerio de Economía, que debe equilibrar la necesidad de divisas con las promesas de reducción de impuestos para fomentar la competitividad del campo argentino.
A pesar de la caída generalizada, el sector aguarda definiciones respecto a una posible nueva reducción de alícuotas para el complejo sojero, que sigue siendo el principal aportante de divisas al país. El informe de RIA sugiere que la pérdida de protagonismo de los derechos de exportación en los ingresos fiscales podría ser el preludio de un cambio estructural en la política tributaria. Expertos del sector señalan que, si bien la menor recaudación impacta en las arcas públicas, la baja de la presión fiscal es vista como un incentivo necesario para revertir años de desinversión causados por normativas restrictivas, como la antigua ley de tierras. El desafío para el resto de 2026 será determinar si el incremento en el volumen de exportaciones podrá compensar, en el largo plazo, la menor recaudación por unidad exportada generada por la baja de las retenciones.