La disputa por la concesión de la Vía Navegable Troncal (VNT) ha tomado un nuevo giro tras la intervención directa de la empresa DEME NV. En una misiva dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo, la firma internacional ha manifestado su descontento con las condiciones actuales del proceso licitatorio. A pesar de que la compañía Jan De Nul ya cuenta con una preadjudicación, DEME sostiene que su propuesta técnica y económica es sustancialmente más beneficiosa para el Estado argentino y los usuarios del sistema fluvial. La carta, firmada por Steven Bouckaert, subraya que la oferta presentada cuenta con el respaldo estratégico de Estados Unidos, lo que añade una dimensión geopolítica a la competencia por el mantenimiento del río Paraná.

Cuestionamientos al piso tarifario de la licitación

El núcleo de la queja de DEME reside en la imposibilidad de ofrecer precios más competitivos debido a las restricciones impuestas en los pliegos. Según la empresa, las reglas vigentes establecen un piso tarifario que impide la libre competencia de costos. Los directivos de la firma aseguran que podrían operar la ruta fluvial con una tarifa un 17% inferior a la estipulada oficialmente, lo que representaría un ahorro masivo para el complejo agroexportador nacional. Esta situación genera preocupación, ya que un costo operativo artificialmente alto impacta directamente en la competitividad de las exportaciones argentinas en los mercados internacionales.

La empresa detalló varios puntos críticos en su comunicación oficial:

• La tarifa ofrecida en la licitación actual es superior a la presentada en el proceso cancelado en 2025.
• El piso tarifario actual incrementa innecesariamente los costos logísticos para los productores.
• La falta de flexibilidad en los precios limita la eficiencia económica de una infraestructura vital.
• Se solicita una revisión profunda de los criterios para priorizar la oferta más conveniente para el país.

DEME enfatiza que el objetivo primordial de cualquier licitación pública debe ser la obtención de la oferta más ventajosa. Al imponer un límite mínimo de cobro, el Estado estaría renunciando a una reducción significativa en los costos de peaje que pagan los buques. La compañía belga insiste en que su experiencia internacional les permitiría ejecutar las obras con una eficiencia superior, garantizando la operatividad constante de la Hidrovía sin sobrecargar financieramente a los sectores productivos que dependen de esta salida al océano.

Finalmente, la controversia pone de manifiesto la complejidad de gestionar una de las arterias comerciales más importantes de Sudamérica. Mientras el gobierno evalúa los pasos a seguir, el sector agroindustrial observa con atención, esperando que el resultado final no derive en un encarecimiento de la logística que afecte la rentabilidad del campo y el ingreso de divisas a la economía nacional.