Un exhaustivo análisis basado en los registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) ha revelado que la crisis económica en Argentina ha golpeado con una fuerza inusitada al sector empresarial. Desde la asunción de Javier Milei, un total de 24.437 empresas han dejado de operar, lo que representa una caída del 4,8% en la cantidad de empleadores registrados en el país. Este dato es particularmente preocupante porque supera la pérdida de unidades productivas registrada durante la pandemia de Covid-19, uno de los momentos más críticos para la economía global.

Comparativa histórica y el impacto en las pymes argentinas

El informe elaborado por el centro de estudios Fundar destaca que la velocidad del cierre de empresas en la gestión actual no tiene precedentes cercanos. Mientras que entre febrero de 2020 y septiembre de 2021 la baja fue de 21.405 firmas, el período actual ha superado esa cifra en un tiempo significativamente menor. Este fenómeno se explica por una combinación de factores negativos: la caída estrepitosa del consumo minorista, el aumento desmedido de los costos de los servicios públicos y la incertidumbre sobre la sostenibilidad del modelo económico a mediano plazo.

Los puntos más destacados del informe sobre la situación empresarial incluyen:

• Se han acumulado 17 meses consecutivos de retroceso en el número de empleadores activos en el sistema de seguridad social.
• La reducción del empleo registrado alcanzó a más de 327.000 trabajadores que perdieron su cobertura de riesgo laboral directa.
• Las provincias industriales son las más afectadas por la caída de la demanda interna y el freno total a la obra pública nacional.

La única provincia que ha logrado mantenerse al margen de esta tendencia destructiva es Neuquén. Gracias a la actividad vinculada a la formación de Vaca Muerta, la región ha mostrado un saldo positivo en la creación de nuevas firmas, impulsada por la inversión sostenida en hidrocarburos. Sin embargo, este oasis energético no alcanza para compensar la realidad del resto del territorio nacional, donde el entramado de pequeñas y medianas empresas está desapareciendo a un ritmo alarmante. La desaparición de casi 25.000 empresas no solo implica una pérdida de capital productivo, sino también una erosión de la base imponible que sostiene al Estado.

El futuro de las empresas restantes depende, según los analistas, de una estabilización que incluya una recuperación del mercado interno. Sin incentivos claros para la producción y con un consumo que no encuentra su piso, el riesgo de que la cifra de cierres siga aumentando en los próximos meses es elevado. La situación plantea un desafío crítico para la administración nacional, que deberá equilibrar su meta de déficit cero con la supervivencia del sector que genera la mayor parte del empleo privado en el país.